En las fábulas siempre suele presentarse la figura de la madrastra como la de una mujer malvada y perversa. Muchos, sin duda, recordarán el famoso cuento de "La Cenicienta", del francés Charles Perrault, tan popular en Europa, al punto que el personaje central recibe distintos nombres según el país de que se trate. Pero a veces los cuentos se inspiran en realidades, como sucede actualmente con un pequeño país centroamericano - Honduras - al que la maldad de una madrastra llamada OEA ha condenado al ostracismo de la comunidad internacional.
Honduras adquirió la categoría de gigante continental el pasado 28 de junio cuando se sacudió el lastre que representaba el autoritarismo del mandatario de turno, Manuel Zelaya, lo destituyó por decisión del Poder Judicial y lo envió fuera del país, debido a las reiteradas violaciones a la Constitución y las leyes. Prácticamente toda la población acuerpó la valiente decisión de las autoridades porque Zelaya, con su terquedad e intransigencia, había desafiado abiertamente a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional y al Tribunal Supremo Electoral con su empecinamiento en circunvalar y burlar la prohibición constitucional de la reelección presidencial a fin de perpetuarse en el poder, al estilo de Castro, Chávez, Correa y otros dictadores.
En una acción sin precedente en la historia del país, por primera vez el Ejército arrestó y expulsó al hasta entonces Presidente, pero no para hacerse con el poder, como se acostumbraba en los típicos golpes de Estado, sino para hacer que se respetara la institucionalidad de la República y que el Congreso, siguiendo el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución, designara por aplastante mayoría de votos (122 contra 6, incluidos los propios partidarios de Zelaya) al parlamentario Roberto Micheletti como Presidente provisional para que completara el período presidencial, convocara a elecciones en noviembre de 2009 - tal como estaba estipulado - y entregara el mando en enero de 2010 a quien resultara elegido en los comicios.
Pero los hondureños no contaban con la violenta reacción del mandatario golpista venezolano, quien respaldado por sus incondicionales del ALBA y con el increíble apoyo del Secretario General de la OEA, así como con la descarada injerencia del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, emprendió una agresiva campaña en la que exigió nada menos que la restitución inmediata e incondicional del depuesto gobernante. Lo insólito de este caso es que Chávez contó no sólo con el silencio cómplice de los gobiernos democráticos sino también con la activa participación de éstos, a la cabeza de los cuales figura el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Entre las medidas adoptadas por la madrastra, cabe señalar la expulsión de Honduras como miembro activo de la OEA, algo que había ocurrido por primera y única vez en enero de 1962 en el caso de Cuba, debido a las continuas injerencias del régimen comunista de La Habana en los asuntos internos de otros países americanos, pero curiosamente el propio Secretario General, José Miguel Insulza, se encargó de revocar a comienzos de junio del corriente año cuando convocó una sesión especial del Consejo de la organización precisamente en San Pedro Sula (Honduras), después de un vergonzoso cabildeo por las Cancillerías de los Estados miembros en busca de los votos necesarios para lograr la derogación de la decisión adoptada en 1962, cosa que finalmente consiguió. Mediante esta medida arbitraria, Honduras se ha convertido en paria mediante la resolución unánime de todos los Estados miembros. Y para colmo, la Cuba castrista se encargó, por boca del hermanísimo sucesor dinástico de Fidel, de hacer saber que no está interesada en lo más mínimo en regresar al seno de la OEA. Así paga el diablo a quien bien le sirve…
Pero he aquí que como los esfuerzos desplegados hasta ahora por los gobiernos complotadores de la región no han logrado doblegar la férrea voluntad de los hondureños de defender su democracia recuperada y que el Presidente Micheletti sigue firme en su decisión inquebrantable de completar el período para el que fue elegido por el Congreso, la pérfida OEA , ultrapasando sus atribuciones, ha iniciado una artera campaña para que el mundo entero desconozca los resultados de la próxima elección presidencial prevista para el mes de noviembre.
Ante semejante e insólito proceder, cabe preguntarse ¿en qué artículo de los estatutos de la organización se faculta a la OEA – y específicamente a su Secretario General - para emprender este tipo de acciones?
Veamos lo que dice al respecto la Carta de Bogotá. Entre sus propósitos figuran lograr la paz, la justicia, garantizar la soberanía y la integridad territorial de los Estados, promover la democracia representativa y el respeto al principio de no intervención, así como la solución pacífica de controversias. Por otra parte, entre los principios que consagra la Carta, cabe mencionar la supremacía del derecho internacional, el ejercicio de la democracia representativa y el derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político. El artículo 13 dispone que la existencia política de los Estados es independiente de su reconocimiento por los demás Estados, es decir, consagra y hace suyo el mismo principio expresado en 1930 por la Doctrina Estrada.
Asimismo, el artículo 19 establece que ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente y por cualquier motivo que fuere, en los asuntos internos o externos de otros Estados. Ahora veamos lo que dice la Carta Democrática Interamericana de 2001. En su articulo 6 afirma que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad, en tanto que el artículo 20, al referirse a la alteración del orden constitucional en un país (caso específico de Honduras), dispone, entre otros procedimientos, la realización de gestiones y buenos oficios para normalizar la situación. Y en materia de elecciones, el artículo 23 establece que los Estados miembros son responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.
Si los diversos instrumentos jurídicos de la organización proclaman el respeto a la soberanía de los Estados y prohíben taxativamente la injerencia en sus asuntos internos ¿no incurre acaso el Secretario General en grave responsabilidad y en desacato o violación de la Carta constitutiva y también de otros instrumentos jurídicos internacionales al pretender arrogarse atribuciones que la Carta no le confiere expresamente? ¿No está acaso actuando como típico dictador al desconocer la voluntad soberana del pueblo hondureño de elegir a sus autoridades?
La OEA sienta un gravísimo y nefasto precedente con la actuación autoritaria e ilegal de su Secretario General y también de los Estados miembros. Ese solo hecho ameritaría la destitución del funcionario de su cargo. Si se habla de respeto al derecho ajeno, de no injerencia en los asuntos internos de otros países y de defensa de la institucionalidad, así como de los principios democráticos para lograr la convivencia pacífica de los Estados, el funcionario que legalmente ostenta la representación de la organización, sus órganos permanentes y los países miembros están en la obligación de atenerse, en su proceder, a lo estrictamente previsto en sus atribuciones.
Con su actuación descarada, abusiva, parcializada e inmoral, la OEA está echando por tierra todo el andamiaje en que se sustenta el sistema jurídico interamericano y las conquistas logradas, al precio de tanta sangre derramada, para consolidar la democracia representativa y el Estado de Derecho en la región. Estamos retrocediendo a la época de un absolutismo que supuesta y simbólicamente se desplomó con la Toma de la Bastilla en 1789, pero que algunos, haciendo gala de un mesianismo trasnochado y demencial, pretenden revivir en pleno siglo XXI.
Es decepcionante comprobar la hipocresía que caracteriza a la OEA, a su Secretario General y a los Estados miembros, que con su arbitrario proceder convierten los instrumentos jurídicos fundamentales de la organización en simple papel mojado, sin valor alguno, cuando así conviene a sus mezquinos intereses. Y más decepcionante aún resulta ver cómo los gobiernos de países considerados democráticos, que dicen defender la supremacía del derecho internacional par normar las relaciones con sus vecinos, hagan causa común con aquéllos partidarios de un totalitarismo radical que se ha propuesto precisamente destruir lo que con tanto sacrificio hemos logrado construir a lo largo de nuestra historia común.
Por su bizarría, Honduras se tiene ganado el respeto de todos los pueblos de la Tierra y no merece tener la madrastra que le ha tocado en suerte.
*Santiago de Chile
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